La junta de Andalucia renuncia al software libre y firma un acuerdo con microsoft y oracle por 2 años con un coste de 12 millones de euros, el cual ha sido el mayor acuerdo de compras de licencias privativas por el que más se ha pagado en España.
Por lo que aparenta, las empresas Microsoft y Oracle han sido escogidas a dedo y escondidas del parlamento y la ciudadanía.
Este acuerdo incluye:
- 29.000 licencias para Ofimática (MSOffice Standar, MSOffice Enterprise, MS Word)
- 45.000 licencias para clientes de base de datos SQL (Server CAL)
- 600 licencias para servidores y base de datos (Server Standard, Server Enterprise, SQL Standard y SQL Enterprise)
Una vez este acuerdo realizado podemos entender que la junta de Andalucía abandona su proyecto de software libre del que tanto presumía (Linux Guadalinex) a pesar de haber recibido unos cuantos millones de euros para promover el software libre en la comunidad Andaluza. En la página oficial dicen que "tras un plazo más largo de lo habitual continúan con el desarrollo de la v9" encontrándose en estos momentos la versión actual muy desactualizada desde versiones desde programas hasta el kernel (núcleo)
La línea temporal de los hechos son los siguientes:
- El 26 de marzo de 2012, Microsoft presenta en el registro de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia una reclamación por la posible vulneración de sus derechos de propiedad intelectual.
- El 10 de abril de 2012, la Secretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información notifica a Microsoft la admisión a trámite la Reclamación de Responsabilidad Patrimonial y el inicio de la instrucción del correspondiente procedimiento.
- El 30 de abril de 2012, Microsoft propone resolver la reclamación a cambio de una licencia corporativa por dos años por un importe de 11.999.950 euros.
- El 3 de mayo el Consejero Antonio Ávila aún en funciones porque fue nombrado el día 5 y publicado en BOJA el 7, propone estimar la reclamación por importe de 11.999.950 euros.
- El 28 de Junio de 2012, la Junta de Andalucía y Microsoft firman un acuerdo por el que se pone fin al expediente administrativo de reclamación de responsabilidad patrimonial.
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